Autoridades universitarias quedarían excluidas de los beneficios de la Convención Colectiva
Zaida Siles Rojas, Periodista
Esta reforma reglamentaria procura una mayor objetividad y resguardo de los fondos públicos que se negocian. (Foto: Andrea Jiménez)
Un reglamento institucional aplicable a las autoridades universitarias superiores de la Universidad de Costa Rica que tienen la responsabilidad de negociar y suscribir convenciones colectivas, u ocupan la dirección de los servicios de asesoría o fiscalización, se encuentra en consulta de la comunidad universitaria.
La publicación se hizo en el Alcance a La Gaceta Universitaria 12-2019 y el periodo para recibir observaciones vence el 23 de julio próximo.
La propuesta de reglamento responde a criterios reiterativos emitidos, al respecto, por la Sala Constitucional, la Sala Segunda, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, con el propósito de procurar una mayor objetividad y resguardo de los fondos públicos que se negocian.
Además, atiende lo establecido en el artículo 48 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública y la Reforma Procesal Laboral. Debido a esta última era necesario crear una normativa institucional para proteger, en sus derechos patrimoniales, a ciertos funcionarios que, por la naturaleza del cargo o por su participación en la negociación de la Convención Colectiva, no pueden obtener beneficios producto de la negociación.
La propuesta de reglamento fue elaborada por la Administración a solicitud del Consejo Universitario y analizada por la Comisión de Administración y Cultura Organizacional de este Órgano Colegiado.
Las observaciones con respecto a esta reforma reglamentaria se puede hacer llegar por medio de la dirección www.consultas.cu.ucr.ac.cr