jul 5
2018

Ley para fortalecer finanzas públicas afectaría negativamente Hacienda Universitaria

Alejandra Amador Salazar
Periodista
La UCR destacó que la educación universitaria pública es un pilar esencial en el desarrollo del país y que los recursos percibidos favorecen una mejor redistribución de la riqueza y han permitido democratizar el acceso a la educación superior, convirtiéndose en un medio de movilidad social. (Foto: Andrea Jiménez)

La UCR destacó que la educación universitaria pública es un pilar esencial en el desarrollo del país y que los recursos percibidos favorecen una mejor redistribución de la riqueza y han permitido democratizar el acceso a la educación superior, convirtiéndose en un medio de movilidad social. (Foto: Andrea Jiménez)

La Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su criterio con respecto al proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp. N.° 20.580), pues este contiene una serie de artículos que causarían un perjuicio sustantivo a las universidades estatales, al reducir los recursos económicos que el Estado debe garantizar para el cumplimiento del derecho a una educación superior estatal.

La posición de esta casa de estudios fue emitido por el Consejo Universitario, en la sesión N.° 6199, de este martes 3 de julio, como respuesta a la consulta, que por mandato constitucional, le realizó la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el Órgano Colegiado, esta propuesta contempla tres aspectos que ponen en peligro la Hacienda Universitaria; en primer lugar, el proyecto incluye instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política como parte del presupuesto destinado a la educación estatal. En segundo lugar, autoriza al Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por ley que se destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas públicas y, finalmente, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades y que resultan fundamentales para apoyar procesos de regionalización y desarrollo institucional.

En el caso específico de los recursos correspondientes al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, la UCR le recordó al Poder Legislativo que ya la Sala Constitucional dejó muy claro que en ese rubro no debe incluirse el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por lo que la intención de esta iniciativa de incorporar tanto ese dinero como el de la Red de Cuido violan el mandato establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna.

El Consejo Universitario también cuestionó la intención que tiene el proyecto de reducir o eliminar los aportes adicionales asignados a las universidades vía leyes específicas, lo cual compromete aquellas acciones que son directamente financiadas con ese tipo de recursos. En el caso de la UCR se verían afectados algunos proyectos vinculados con la regionalización, específicamente en el Recinto de Paraíso, y las tareas de análisis de la red vial del país que lleva a cabo el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME).

Por otra parte, el Órgano Colegiado destacó que las universidades estatales han trascendido su misión de formación de profesionales, pues también realizan un aporte muy significativo en inversión dentro del campo científico-tecnológico, mantienen la mayor cantidad de masa crítica para el desarrollo de la investigación en el país, hacen las mayores inversiones en investigación, formación de posgrado y aportes de transferencia de tecnología al sector productivo, sin dejar de lado el trabajo con las comunidades y los grupos vulnerables, mediante las actividades de acción social o extensión universitaria.

La Institución reconoce la necesidad que tiene el país de contar con acciones oportunas para aminorar el crecimiento del déficit fiscal; sin embargo, considera que este proyecto dista mucho de ser una reforma fiscal integral y que, más bien, se debería trabajar en la ejecución de medidas que contribuyan a modernizar nuestro sistema impositivo, tales como reducir la elusión y evasión fiscal, manejar eficientemente los fondos públicos, evitar la corrupción, además de instaurar políticas para reactivar la economía.






Gerardo Badilla+Álvarez, 9 jul 2018, 14:54:
Si bien las Universidades deben hacer uso correcto de sus recursos, aprovechar activos y reactivos, que tal vez ha considerado desechar en instrumentos de uso adecuado pero utilizarlos, por otro lado el Estado no puede ni debe restringir los recursos en la educación superior, porque éstos son sinonimo de desarrollo, recordemos que son las U Públicas las que ponen a funcionar la tecnología, la salud, el desrrollo industrial, la infraestructura y las Artes. Un país sin U Públicas no avanza en desarrollo social, económico, científico, bienestar y cultural, precisamente los paises desarrollados basa su ingeniería en el aporte que brinda a la la investigación y la docencia universitaria, el caso de los Estados Unidos y los paises europeos, la gran mayoría de las U Públicas de América Latina basan su desarrollo en el aporte que dan a las universidades, igualmente Canada, paises arabes. Por ejemplo Cuba, Rusia da un enorme aporte a la investigación universitaria. Entonces pensar en cercenar los recursos universitarios por un crisis fiscal, que no es nueva y lo que se trata es de pner a los evasores a pagar y lo mismo la elusión y poner a las zonas francas a aportar como lo hacen con su país de origen. Costa Rica es una de los gobiernos pésimos para el cobro de renta, solucionando esa situación lo demás se controla.
Eduardo Thompson, 9 jul 2018, 07:58:
La Universidad debe aportar y ser ejemplo para guía de las demás instituciones del sector público.El Consejo Universitario y el Rector deben solicitar y establecer cuáles medidas concretas se van a llevar a cabo en cada una de las Vicerrectorías Facultades, Escuelas, Sedes, Centros de Investigación para realizar un manejo eficiente de los fondos públicos que se le asignan.En este aspecto, hay mucho que hacer y como expresé la Universidad puede y debe ser ejemplo el uso correcto y efectivo de los fondos públicos que maneja


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