Normativa de la UCR no permite instruir un proceso contra el rector
Zaida Siles Rojas, Periodista
La decisión del Consejo Universitario en relación con este tema se dio luego de un exhaustivo análisis del informe elaborado por la Oficina de Contraloría Universitaria. (Foto de archivo: Andrea Jiménez)
El Consejo Universitario determinó hoy viernes, en sesión extraordinaria, que no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria para instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Henning Jensen, como una falta que dé lugar al inicio de un procedimiento disciplinario.
El acuerdo lo tomó después de analizar el informe (OCU-R-111-2016) que la Contraloría Universitaria elaboró a petición de este Órgano Colegiado, en relación con el nombramiento de la hija del rector, Elena Jensen, en el Centro Infantil Laboratorio de la UCR, y cuyo contenido presupuestario fue aprobado por la Rectoría.
Con base en las recomendaciones hechas por la Contraloría, el Consejo acordó, también, indicarle al rector, y a quienes ostentan puestos de dirección, así como al personal de la Universidad, que deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional.
El pasado miércoles, en sesión extraordinaria, el plenario le solicitó a la Comisión de Estatuto Orgánico que evalúe la conveniencia de una modificación o adición al Estatuto Orgánico que establezca el deber de abstención y otros controles preventivos que promuevan la transparencia y objetividad de las universitarias y los universitarios en el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, trasladó a la Administración la segunda recomendación del citado informe, la cual señala que se solicite a la Rectoría formalizar un procedimiento general que operacionalice las normas y disposiciones vigentes, para la creación y prórroga de plazas temporales con cargo a la partida presupuestaria de “Servicios Especiales” que administra la Rectoría, las vicerrectorías y otras dependencias universitarias.