Proponen normativa para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de discriminación en la UCR
Zaida Siles Rojas, Periodista
El propósito primordial del reglamento propuesto es sensibilizar sobre las conductas y situaciones discriminatorias que puedan darse en la UCR. (Foto: Andrea Jiménez)
Con la finalidad de limitar cualquier forma de discriminación y consolidar el compromiso institucional con los principios de igualdad, respeto y dignidad, el Consejo Universitario envió a consulta el Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra de la discriminación.
La propuesta reglamentaria fue publicada en el Alcance a La Gaceta Universitaria 21-2019, y el periodo para que la comunidad universitaria haga observaciones vence el 11 de noviembre.
Mediante esta normativa se pretende incidir en la erradicación de conductas discriminatorias por razón de raza, origen étnico, nacionalidad, condición de salud, discapacidad, embarazo, estado civil, ciudadanía, cultura, condición migratoria, sexo, género o identidad de género, características genéticas, parentesco, razones de edad, religión, orientación sexual, opinión política, afiliación gremial, origen social y situación económica, o sobre cualquier otra base que socave el carácter y los propósitos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Si bien es cierto desde 2011 la Universidad fue declarada como un espacio libre de toda forma de discriminación, aún no existe un reglamento que permita materializar esa aspiración, la cual también está plasmada en las Políticas Institucionales de la Universidad de Costa Rica 2016-2020.
La promoción de medidas preventivas en contra de la discriminación y la instrucción de las denuncias que se presenten serían responsabilidad de la Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI), la cual estaría integrada por un representante de cada uno de los estamentos de la comunidad universitaria (estudiantil, docente y administrativo), una persona representante del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y una representación de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD).
Con el propósito de asegurar un entorno libre de discriminación, el reglamento le asigna a la Administración la responsabilidad de velar porque en todo proceso de contratación se incluyan cláusulas que aludan a la obligatoriedad de acoger lo dispuesto en este reglamento.