dic 8
2016

Proyecto de ley deja puertas abiertas para la comercialización del tiburón

Alejandra Amador Salazar
Periodista
Consejo Universitario
Para la UCR, el aleteo es una práctica inhumana y peligrosa que pone en riesgo los ecosistemas marinos independientemente de si la pesca se realiza en el mar o en el muelle. (Foto: www.freepik.es)

Para la UCR, el aleteo es una práctica inhumana y peligrosa que pone en riesgo los ecosistemas marinos independientemente de si la pesca se realiza en el mar o en el muelle. (Foto: www.freepik.es)

La Universidad de Costa Rica (UCR) considera que el proyecto que pretende modificar algunos artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura es superficial y deja las puertas abiertas para la comercialización del tiburón, por lo que no es recomendable que la Asamblea Legislativa lo apruebe de la manera en que está planteado.

Así lo hizo saber el Consejo Universitario de esta casa de estudios a la Comisión Especial de Ambiente del Poder Legislativo, luego de analizar la propuesta de ley en conjunto con la Sede Regional del Pacífico y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR).

La iniciativa busca resguardar, mediante mecanismos legales y constitucionales, el adecuado equilibrio de los ecosistemas marinos para asegurar la continuidad de las actividades pesqueras en el futuro, así como desincentivar prácticas pesqueras que atentan contra la conservación de estos.

Pese a esa buena intención, la UCR cree que la ley no solo debe proteger las especies con un claro riesgo de extinción, sino, también, disminuir la pesca de individuos inmaduros de una gran diversidad de tiburones y rayas que se capturan comúnmente cerca de la costa.

En ese sentido, recomendó al Poder Legislativo que revise el texto para que no solo se protejan las especies que estén incluidas en los tratados internacionales, sino, también, que se respeten las tallas de madurez de muchas otras especies costeras que se están sobrepescando, sin ninguna regulación y con artes de pesca ilegales.

Finalmente, sugirió que la supervisión de cargamentos no sea solo responsabilidad del Instituto Costarricense de Peca y Acuicultura (Incopesca), sino que haya otros observadores independientes que puedan garantizar que el proceso de desembarque sea limpio y de acuerdo con la ley, pues el Instituto no posee las herramientas y mecanismos para realizar un control adecuado de lo que le estarían encomendando.






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