Reforma a ley del Consejo Superior de Educación Pública roza con autonomía universitaria
Alejandra Amador Salazar, Periodista
El Consejo Superior de Educación tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial. (Foto: http://www.lafraguacr.org)
La Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, que no apruebe el proyecto que reformaría de manera parcial la Ley de creación del Consejo Superior de Educación debido a que contiene una serie de inconsistencias que atentan contra la autonomía universitaria.
Según el criterio aprobado por el Consejo Universitario, en sesión N.° 5907, los mayores inconvenientes están presentes en los artículos 2 y 8, los cuales establecen funciones y responsabilidades del Consejo Superior de Educación que podrían interferir con las competencias de las universidades públicas establecidas en la Constitución Política.
Con el fin de subsanar ese inconveniente, la Universidad recomendó que los artículos mencionados dejen claro que la planificación de la educación pública a la que se hace referencia corresponde al nivel de primaria y secundaria, y no a la universitaria, así como la competencia exclusiva que tienen las instituciones de educación superior de aprobar los planes para la preparación del personal docente.
La UCR también señaló que aumentar la cantidad de representantes de los diferentes niveles educativos podrían generar que el Consejo Superior de Educación sea poco operativo e incrementar el presupuesto por el pago de dietas. Además, considera que, sino se corrige la redacción actual del proyecto, este podría ser cuestionado por la Sala Constitucional.
La iniciativa de ley que se estudia mediante el expediente legislativo 19.093 pretende modificar los artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 8, así como agregar el 9 y 10, y tiene la intención de dar mayor competencia y autonomía al Consejo Superior de Educación como órgano rector de la educación costarricense, así como modernizar su estructura administrativa para que pueda cumplir, de la mejor manera, con la función encomendada constitucionalmente.