dic 3
2009

UCR denuncia irresponsabilidad y negligencia en "caso Sardinal"

Alejandra Amador Salazar
Periodista
Miembros de la comisión especial destacaron que el proceso de ampliación del acueducto de Sardinal está lleno de irregularidades. En el orden usual: Lic. Héctor Monestel, M.Sc. Mario Arias, Dr.Alberto Cortés, Br. Peggy Quesada y M.Sc. Marco Fournier, durante la entrega del informe a la prensa. (Foto: Andrea Jiménez M.)

Miembros de la comisión especial destacaron que el proceso de ampliación del acueducto de Sardinal está lleno de irregularidades. En el orden usual: Lic. Héctor Monestel, M.Sc. Mario Arias, Dr.Alberto Cortés, Br. Peggy Quesada y M.Sc. Marco Fournier, durante la entrega del informe a la prensa. (Foto: Andrea Jiménez M.)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica denunció que existe una clara actuación irresponsable y negligente por parte de la Administración Pública en el proyecto que pretende ampliar el acueducto en Sardinal, pues se ha incurrido en situaciones ilegales que comprometen el patrimonio estatal para favorecer proyectos de empresarios turísticos, fundamentalmente extranjeros.

Así lo dio a conocer el Órgano Colegiado mediante el informe denominado Implicaciones del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, Guanacaste, conocido como “caso Sardinal”, elaborado por un grupo de especialistas universitarios entre los que estaban: biólogos, geólogos, psicólogos, abogados y politólogos.

De acuerdo con el Informe, el principal inconveniente de la propuesta es la falta de un estudio técnico actualizado sobre la oferta hídrica en la zona, el cual pueda orientar a los tomadores de decisión sobre la administración del agua. Esto, aunado al desarrollo inmobiliario y al auge turístico poco planificado de la provincia guanacasteca ha provocado un deterioro progresivo del recurso hídrico que requiere acciones inmediatas.

En este sentido, el Consejo Universitario demandó del Poder Ejecutivo su responsabilidad de garantizar el acceso al agua prioritariamente para las poblaciones y no solo para el sector turístico, hotelero o comercial.

Además, instó a las autoridades nacionales y locales a revisar exhaustivamente las condiciones bajo las que se pretende ampliar el acueducto, por considerar que existe una clara violación a los principios de legalidad, y el precautorio, así como el derecho al acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para los pobladores de la región.

Otro de los inconvenientes detectados por la comisión especial que analizó las condiciones sociales y ambientales en las cuales se ampliaría el acueducto en Sardinal es la ineficiencia del Estado para generar espacios de diálogo, consentimiento y construcción de soluciones negociadas en los procesos de toma de decisiones respecto al recurso hídrico local, su uso y el cuidado de la naturaleza.

Esta ausencia de participación ciudadana ha provocado un inevitable enfrentamiento social entre los actores transnacionales del negocio turístico e inmobiliario y las poblaciones locales por el acceso y control de los recursos vitales como el agua.

Para la Universidad de Costa Rica, les corresponde ahora a las instituciones públicas responsables no tomar decisiones que conlleven a habilitar el proyecto del acueducto, hasta tanto no se aclaren todas las implicaciones reales que puedan afectar el derecho humano al agua, así como la certeza científica de la capacidad real del acuífero de Sardinal para la extracción de la cantidad de agua que se pretende.

Para ello, solicitó al Poder Ejecutivo que inicie un proceso amplio de diálogo con todos los sectores, con el fin de actualizar el marco jurídico para la gestión del agua, que permita implementar los instrumentos de planificación propios de la gestión integrada de los recursos hídricos, garantice la participación ciudadana y provea del financiamiento necesario a las instituciones que deben generar información y control sobre estos.

Asimismo, el Consejo Universitario instó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Carrillo a abrir los órganos directores que correspondan para estudiar las actuaciones y omisiones de cada uno de los funcionarios que, de forma directa, tomaron decisiones infundadas en relación con el acueducto de Sardinal, pues tanto la Contraloría General de la República, como la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional han encontrado situaciones sumamente irregulares.






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