UCR no avala proyecto de ley de solidaridad en la educación universitaria privada
Zaida Siles Rojas, Periodista
Para la UCR, la aprobación de este proyecto de ley eliminaría el carácter de empresa comercial que tienen las universidades privadas al obligarlas a otorgar becas a un porcentaje de sus estudiantes. (Foto: Andrea Jiménez)
Con base en el criterio de varias instancias de la Universidad de Costa Rica, así como del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el Consejo Universitario le recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de Ley de solidaridad en la educación universitaria privada, expediente N.° 18.011.
Esta iniciativa pretende reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de creación del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, con el fin de regular los aumentos en las tarifas y costos de los cursos ofertados por las universidades privadas y, a su vez, establecer la obligación de otorgar un mínimo de becas a estudiantes de escasos recursos.
Para la UCR, puede resultar contrario a la Constitución el establecimiento obligatorio de becas, sobre todo con metas porcentuales y obligar a las universidades privadas a impartir educación gratuita a un 6% de sus estudiantes, tal y como lo pretende esa iniciativa.
En ese sentido, considera que crear regímenes obligatorios de becas independientes y desarticulados en cada una de las universidades privadas, podría ser utilizado para justificar aumentos en los costos de matrícula.
En cuanto a esos costos, la iniciativa de ley pretende implementar un sistema de fijación de precios, dotando al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) de las potestades no solo para aprobar, improbar o modificar las tarifas de matrícula de cursos y servicios administrativos que sometan a consideración las universidades privadas, sino también para aplicar el esquema de fijación de precios establecido por la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.° 7593, en lo que resulte aplicable.
Al respecto, la UCR señaló que con ese cambio el quehacer de estos centros de educación será calificado como un servicio público, alejándolas del carácter de empresas comerciales.