Violencia de género debe ser tratada de manera interinstitucional, afirma la UCR
Arturo Padilla Chinchilla, Periodista
La UCR enfatizó que las instituciones con responsabilidad en materia de violencia de género, deben participar en los procesos de educación y deconstrucción de los patrones machistas (Foto: Andrea Jiménez)
El proyecto de ley que pretende hacer responsable al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), de la tarea exclusiva de la educación contra la violencia de género, no fue avalado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En Criterio de esta casa de estudios, la iniciativa excluiría a otras instituciones del proceso de educación y atención contra la violencia de género.
“La concienciación de los hombres implica un proceso de cambio cultural que lleve a la deconstrucción de los patrones machistas, mediante acciones conjuntas de reforma al sistema educativo, los medios de comunicación, el sistema de salud y las instituciones religiosas que se han transformado en legitimadores de la violencia existente y no solo debe ser trabajo del INAMU”, afirmó el Órgano Colegiado.
Por ese motivo, la UCR recomendó no aprobar el Proyecto de Ley Reforma del inciso d), del artículo 4, de la Ley N.° 7801; del artículo 23 de la Ley N.° 7586; del último párrafo del artículo 16, y adición de un transitorio a la Ley N.° 8589, para el cambio cultural y el trabajo con hombres en beneficio de las mujeres en situaciones de violencia.
La Universidad manifestó que el INAMU ha asumido un compromiso de rectoría para la atención de la violencia en diversos niveles, desde la prevención hasta la atención; no obstante, el servicio que presta se especializa en las mujeres afectadas y, desde el punto de vista ético y de salud, está contraindicado que el mismo personal se ocupe de la atención de los agresores. Además, añadió que el Estado no puede colocar en una situación de riesgo la integridad física y psicológica de las víctimas.
Para el Órgano Colegiado, existen otras instancias que pueden asumir la atención de los agresores, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual ha venido haciéndose cargo de este trabajo desde la aprobación de la Ley N.° 9063 Atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia.