Consejo pide informes ante incertidumbre por aplicación de ley de finanzas públicas
Zaida Siles Rojas, Periodista
El Consejo Universitario le pidió a la Administración que proponga un modelo de remuneración para el nuevo personal que la Institución contrate. (Foto: Andrea Jiménez)
Ante la incertidumbre que existe por la aplicación o no de lo establecido en la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, y mientras se resuelve el proceso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en contra del Título III de esta ley y su respectivo reglamento, el Consejo Universitario le pidió a la Administración un informe sobre las medidas que ha implementado o implementará para minimizar la afectación institucional y de las personas funcionarias, en caso de que el fallo sea adverso para la Universidad.
A su vez, le solicitó que presente a este Órgano Colegiado un modelo de estructura salarial, justo, competitivo y equitativo, para el nuevo personal que ingrese a laborar a la Universidad de Costa Rica (UCR).
La petición la hizo en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 22 de enero y le estableció como fechas límites el 8 y 30 de marzo, respectivamente.
El plenario también le recomendó a la Administración que, a partir de la estimación presupuestaria salarial que se realiza de acuerdo con el modelo universitario, analice la posibilidad de que la ejecución presupuestaria responda a lo establecido en la Ley N.° 9635 y el Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El propósito es que de la diferencia presupuestaria entre ambos modelos de remuneración salarial se genere una reserva en caso de un eventual fallo negativo en contra de la UCR, considerando los derechos adquiridos de las personas funcionarias y la Convención Colectiva vigente.
Mediante el acuerdo también se le solicitó al Conare su posición con respecto a la aplicación de la Ley N.° 9635.
Proceso contencioso
El Título III de la Ley N.° 9635 adiciona algunos capítulos y disposiciones transitorias a la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, que contienen una serie de regulaciones referentes a las remuneraciones de los funcionarios públicos, tales como: dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, anualidades, carrera profesional, incentivos, entre otras.
Al considerar que esas regulaciones no coinciden con las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y convenciones colectivas de las instituciones de educación superior pública, el Conare presentó un proceso contencioso-administrativo en el que solicitó, como medida cautelar, conservar el régimen universitario de empleo en su estado actual, mientras se resuelva la demanda.