Consejo Universitario de la UCR desaprueba el PLANES 2026-2030
Leonora Córdoba Roldán, Unidad de Comunicación, CU
El Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal es un instrumento que se elabora cada 5 años y responde a los compromisos que adquieren las universidades públicas con el Estado costarricense. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)
En sesión extraordinaria n.° 6920, el Consejo Universitario desaprobó el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) 2026-2030, remitido por la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), por considerar que tiene fallas procedimentales, metodológicas y conceptuales que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) debe subsanar.
Desde el punto de vista de procedimiento, el Órgano Colegiado señaló que la aprobación por parte de los rectores y la rectora, el 30 de junio de 2025, cumple con el plazo constitucional, pero la consulta a los consejos universitarios e institucional se realizó posteriormente, no de previo, tal como lo establecen la Ley n.º 6162 y el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica. Esta situación genera dudas sobre el apego al marco legal vigente, compromete la legitimidad del proceso de aprobación y pone en entredicho la participación institucional que debe garantizarse en la planificación de la educación superior estatal.
En esta misma línea, el Consejo Universitario apuntó que no hubo un proceso participativo real de consulta a todos los sectores de la comunidad universitaria (académicos, administrativos, estudiantiles y sindicales), lo cual constituye un déficit grave contrario a las prácticas democráticas universitarias, a los mecanismos de legitimidad social, a la propia Constitución Política y al mandato del Convenio.
De acuerdo con el análisis, también se determinó que este instrumento tiene limitaciones en la articulación metodológica; poca claridad conceptual en la definición de escenarios, variables y estrategias; problemas de clasificación temática, ambigüedad en los ejes; falta de precisión en indicadores; debilidades para la operacionalización de acciones y urge de mayor exactitud en temas como regionalización, condición etaria, inclusión, equidad y transferencia del conocimiento, para lograr una gestión por resultados efectiva.
Además, este Órgano especificó que, para la construcción de los escenarios, la metodología no tomó en cuenta la implicación de la redistribución del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) en el presupuesto de las universidades, y para la Universidad de Costa Rica (UCR) el impacto durante el quinquenio por el monto que tendrá que aportar en los rubros de redistribución implica un escenario de riesgo, que ignora por completo el PLANES, pero que será particularmente sensible para la Institución. Al estar estrechamente vinculado el PLANES al FEES, resulta preocupante la forma en que se plantea la redistribución por parte del CONARE, ya que no existen estudios técnicos que la sustenten.
El Órgano Colegiado igualmente advirtió sobre la omisión del PLANES de incorporar estrategias claras y medibles para robustecer ámbitos como la ética, probidad y anticorrupción de manera que se promueva la integridad institucional como eje transversal de su ejecución. Condición que limitará a las universidades para implementar mecanismos de control efectivos y de rendición de cuentas.
Estos señalamientos se cimentan en 28 observaciones elaboradas y consensuadas por el Plenario a partir del estudio responsable del PLANES. Los acuerdos tomados ya se transmitieron al CONARE por medio de la Rectoría, en el Comunicado R-235-2025 del 19 de agosto.
El PLANES es un instrumento que elabora OPES cada 5 años, y responde a los compromisos que adquieren las universidades públicas con el Estado costarricense. La aprobación de este instrumento por parte de las instituciones de educación superior estatal garantiza que cumplirán con esos compromisos, por esta razón, para la Universidad es obligatorio que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) incorpore los ajustes según las observaciones emitidas, con el propósito de fortalecer la coherencia del documento, asegurar la viabilidad de seguimiento y evaluación, así como para que las estrategias se ajusten a los principios institucionales de transparencia, equidad y calidad educativa.