Consejo Universitario de la UCR se pronuncia ante informes de daños patrimoniales tras toma de edificio.
María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista
El Órgano Colegiado aclaró que los acuerdos que protegen la manifestación estudiantil no otorgan impunidad. (Foto: Unidad de Comunicación, Cu)
Mediante un acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria n.° 6996 del miércoles 27 de mayo, el Consejo Universitario aclaró de forma contundente que el espíritu de sus pronunciamientos relacionados con la protesta estudiantil y la toma de los edificios administrativos B y C (sesiones n.° 6988 y n.° 6992) se basó en el principio de buena fe, así como en la defensa del ejercicio legítimo y constitucional de los derechos de reunión y manifestación.
La Universidad de Costa Rica reafirmó la defensa a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión, inserta en un marco de legalidad, protección al debido proceso y de rendición de cuentas.
Sin embargo, enfatizó que dichos alcances no avalan, justifican ni exoneran conductas que trasciendan los límites de la vía pacífica, tales como la afectación de bienes públicos, la coacción o la violencia.
En ese sentido, el Órgano Colegiado instó formalmente a la Administración tomar las acciones legales y administrativas, que procedan de conformidad con lo que establece el Estatuto Orgánico.
Exhortación a la Rectoría
El Consejo Universitario solicitó a la Rectoría que en el ejercicio de sus competencias estatutarias proceda, utilizando como base el informe R-3745-2026, el cual contiene una estimación económica acerca de los gastos incurridos en la reparación de los edificios B y C, posterior a la toma.
Asimismo, le solicitó a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Contraloría Universitaria remitir a este Órgano Colegiado los informes técnicos adicionales para realizar una cuantificación precisa de los perjuicios, y una valoración objetiva de las eventuales sanciones disciplinarias o civiles aplicables de manera individualizada.
Origen de los hechos
Los hechos que motivaron esta aclaración jurídica se remontan al período comprendido entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026. Durante esas fechas, un grupo de estudiantes pertenecientes al autodenominado Movimiento Estudiantil Autónomo ingresó y ocupó las instalaciones de los Edificios Administrativos B y C como medida de presión en el marco de una jornada de protesta social.
El Consejo Universitario emitió un voto de apoyo a los manifestantes, e instaron a la Administración a priorizar el diálogo y a garantizar las condiciones básicas de salud y seguridad en el campus, rechazando cualquier medida coercitiva.
Tras la finalización de la toma del edificio el pasado 13 de mayo y la posterior entrega de los informes técnicos que evidencian el deterioro patrimonial, las autoridades universitarias se vieron en la obligación de retomar el tema, en atenciòn a las funciones establecidas en el Estatuto Orgánico.
Con esta resolución, el Consejo Universitario ratifica que mantendrá la salvaguarda de los derechos democráticos de la comunidad estudiantil, dentro de los límites infranqueables del respeto a los bienes públicos y la rendición de cuentas institucional.