Consejo Universitario de la UCR solicita una ruta justa para otorgar el aumento por costo de vida a toda su planilla
María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista
El Órgano Colegiado acordó instar a la Rectoría a que valore todos los mecanismos viables para 'procurar el reconocimiento y pago del ajuste del 1.5%, por concepto de costo de vida a las personas trabajadoras de la UCR'. (Foto: Andrea Jiménez, CU)
Detrás de las cifras y los presupuestos hay historias de familias que intentan estirar el dinero mensual para cubrir la canasta básica y afrontar el incremento constante en el costo de los servicios, y con ello el esfuerzo silencioso de docentes y personal administrativo que día tras día mantienen viva la misión de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ante la pérdida progresiva del poder adquisitivo que afecta a la comunidad trabajadora, el Consejo Universitario (CU) dio un paso al frente para exigir la búsqueda de soluciones legales y financieras que permitan otorgar el ajuste salarial del 1,5 % por concepto de costo de vida a la totalidad del personal, sin exclusiones ni inequidades.
Con el objetivo de brindar una solución pronta y justa, el Órgano Colegiado instó a la Administración Universitaria a agotar todos los mecanismos jurídicos, presupuestarios y reglamentarios viables para respaldar el artículo 9 de la Convención Colectiva de Trabajo, el cual establece que la Universidad aplicará un sistema de ajuste salarial por costo de vida, con el fin de que los salarios sean competitivos en el mercado laboral y contribuyan a mantener la calidad de vida de las personas trabajadoras, sin afectar el sano equilibrio de las finanzas institucionales en el corto, mediano y largo plazo.
Para lograrlo, la Rectoría deberá articular una mesa técnica prioritaria —integrada por Recursos Humanos, Planificación, Finanzas y la Oficina Jurídica— que tendrá un plazo máximo de 30 días naturales para presentar un informe con la ruta definitiva a fin de incluir a todas las personas trabajadoras de la Institución.
Esta problemática surgió tras la aplicación de la Resolución R-383-2026, emitida por Rectoría en el mes de julio, mediante la cual se reconoció el ajuste retroactivo para un sector de la Institución y dejó por fuera a un amplio grupo de personas funcionarias debido a las interpretaciones y restricciones asociadas a la Ley Marco de Empleo Público y la coexistencia de los regímenes de salario global y compuesto.
Esta diferenciación ha provocado un profundo malestar en la comunidad, pues el impacto de la inflación golpea por igual el bolsillo de cada hogar, independientemente del régimen salarial bajo el cual se labore.
El camino para llegar a este punto refleja una lucha constante por la justicia laboral dentro de la Institución. Desde setiembre de 2025, el CU había previsto en el presupuesto institucional una reserva de ₡2 535 millones para hacerle frente a esta compensación económica a partir de enero de 2026.
Durante el mes de junio, tanto la Oficina Jurídica como el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica coincidieron en que existían fundamentos legales sólidos para diferenciar el ajuste por costo de vida de otros incentivos salariales ordinarios. Sin embargo, la resolución emitida en julio por la Rectoría materializó el pago solo para una parte del personal, lo cual dejó “en el aire” la situación del resto de la planilla.
Con este acuerdo, el CU reafirma que resguardar la equidad, la seguridad jurídica y el bienestar integral de su personal es un paso indispensable para sostener la excelencia académica de la Institución.