Consejo Universitario

Las Ciencias Sociales son el área con mayor cantidad de consultas observadas en los últimos años. (Foto: Kattia Alvarado, Semanario Universidad)

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) registró un incremento del 31% en el número de consultas que provienen de la Asamblea Legislativa para que esta Institución de educación superior emita una opinión fundamentada sobre los proyectos de ley que versan sobre diferentes temáticas.

Eso implica que la UCR participa en el proceso de creación de leyes del país, al ofrecer la experticia técnica y conocimiento especializado en relación con las distintas iniciativas que provienen de las y los legisladores. Para 2024, recibió 218 consultas y todavía faltan expedientes por sumar a esta cifra para el mismo año.

Y ¿por qué razón debe esta universidad responder las consultas legislativas sobre las distintas propuestas? La respuesta se fundamenta en el artículo 88 de la Constitución Política, el cual establece la obligación de la Asamblea Legislativa de consultar a las universidades públicas sobre proyectos de ley relacionados con sus áreas de competencia. El objetivo principal de esta participación es contribuir al fortalecimiento de la política pública a través de la emisión de criterios técnicos y objetivos.

Datos recopilados por el Consejo Universitario revelan que la cantidad de consultas especializadas que la UCR resuelve sobre los diversos planes experimentó un incremento notable en los últimos años. En el 2024, se registraron 698 consultas especializadas, lo cual muestra un salto importante que supera la cifra de 438 consultas realizadas en 2023 y las 362 en 2022.

Las consultas se distribuyen entre diversas áreas académicas y dependencias de la universidad, incluyendo el Área de Ciencias Sociales, que registró 300 consultas en 2024, el Área de Ciencias Básicas con 29 consultas, y los centros de investigación que acumularon 82 consultas en el mismo año. En contraste, en años anteriores, como, por ejemplo, en 2016 cuando se realizaron 53 consultas —entre todas las áreas académicas—, lo que de nuevo muestra la creciente demanda de la experticia universitaria en el ámbito legislativo.

El procedimiento interno de la UCR para analizar y emitir criterio sobre los proyectos de ley involucra la labor coordinada de diversas instancias y personas clave. Erika Henchoz, quien se desempeña como enlace de la Rectoría para asuntos legislativos, y Roxana Cabalceta, encargada de recibir, tramitar y distribuir los proyectos, juegan un rol esencial en este proceso. Su trabajo consiste en gestionar la recepción de los proyectos de ley y el envío a las unidades académicas y administrativas pertinentes dentro de la universidad para su análisis. Esta distribución busca asegurar que cada proyecto sea evaluado por los expertos con el conocimiento específico en la materia correspondiente.

“Resaltar que no solo por el artículo 88 de la Constitución, sino también que es una labor fundamental que la Universidad de Costa Rica hace al país, es la parte más importante. Porque son asuntos en los cuales la Universidad de Costa Rica da un criterio técnico y objetivo sobre las materias que nos manden”, afirmó la directora del Consejo Universitario, Patricia Fumero, a UNIVERSIDAD.

Una vez que la iniciativa ingresa formalmente a la UCR, se empieza el proceso de distribución a las unidades académicas designadas para la elaboración del criterio técnico. Inicialmente, se establecía un plazo de ocho días hábiles para que las unidades emitieran su pronunciamiento. Sin embargo, debido al aumento significativo en la cantidad de proyectos de ley recibidos, especialmente en áreas como Ciencias Sociales y Derecho, se ha reconocido la necesidad de ampliar este periodo.

Actualmente, se procura otorgar un plazo más extenso, de aproximadamente cuatro semanas, con el fin de facilitar una revisión más exhaustiva y la elaboración de criterios más fundamentados.

“O sea, vea la cantidad de leyes que nosotros tenemos que documentar con los criterios técnicos. No solo es enviar a las escuelas, sino recibir el contenido y preparar el informe sobre el asunto”, explicó Fumero, subrayando la complejidad y el volumen de trabajo que implica la revisión de los proyectos de ley.

Los criterios técnicos emitidos por la UCR, si bien son considerados por los legisladores, no poseen un carácter vinculante para la Asamblea Legislativa. A pesar de esto, la experiencia demuestra que las observaciones y recomendaciones de los expertos universitarios son tomadas en cuenta y, en muchos casos, contribuyen de manera significativa al enriquecimiento y la mejora de los proyectos de ley. Un ejemplo concreto que ilustra esta incidencia es el caso de la Ley Nacional de Sangre, donde la intervención y el criterio técnico de expertos de la universidad llevaron a la introducción de modificaciones relevantes en el texto original.

El Consejo Universitario también realiza una labor de revisión y discusión de los dictámenes elaborados por las unidades académicas. Una parte de la labor del Consejo se dedica al análisis de estos proyectos, porque integra las diversas perspectivas y asegura la coherencia y calidad del criterio que finalmente se emite en nombre de la institución. A pesar de la posible diversidad de opiniones y enfoques dentro de la universidad sobre un mismo tema, el objetivo es alcanzar un acuerdo lo más fundamentado posible que represente la posición técnica de la UCR.

“El trabajo que hace el Consejo Universitario se toma muy en serio. La Universidad de Costa Rica tiene otra percepción de todo esto, ¿y cuál es?: hacer la mejor política pública. Entonces es un trabajo de hormiga que se hace para que salga lo mejor posible”, enfatizó Henchoz, quien afirma que lo que se busca es la mejora de la legislación nacional.

Adicionalmente a la respuesta formal a las consultas de los legisladores, la UCR le da seguimiento a las iniciativas que se encuentran en discusión en el ámbito legislativo.

Este monitoreo permite alertar a la comunidad universitaria sobre aquellos proyectos que podrían tener un impacto relevante en sus áreas de especialización.

Los diputados y las comisiones legislativas pueden consultar a la institución de tal forma que se convierta en un centro de consulta y colaboración en temas específicos para que sus investigadores y académicos para aclarar dudas y proporcionar información técnica adicional.

“(…) Vea la cantidad de leyes que nosotros tenemos que documentar con los criterios técnicos. No solo es enviar a las escuelas, sino recibir el contenido y preparar el informe sobre el asunto”, Patricia Fumero.