Invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de nuestro país
Sin autor, Comunicado de la Dirección
Como director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica veo con suma preocupación la postura recortista del Gobierno de la República en relación con el financiamiento de la educación pública costarricense y la transgresión a la Constitución Política.
Disminuir una vez más el financiamiento de la educación pública costarricense, además de ser inconstitucional, debilita la democracia y el Estado social de derecho, es precarizar, empobrecer y reducir las oportunidades a las poblaciones más vulnerables. Como lo experimentamos en la década de los años ochenta, recortar no es la solución a los problemas económicos del país; la educación es la mejor forma de afrontar la crisis.
Debemos tener presente que la dotación de presupuesto por parte del Estado para la educación estatal, incluida la superior, está constitucionalmente establecida. Al respecto, rescato la nota hecha el 12 de agosto de 1949, exactamente hace 73 años, por la Benemérita de la Patria, Emma Gamboa, dirigida a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con algunas reflexiones en materias de educación y cultura: “… No creo que se acuda a regateos económicos para la Universidad, porque estoy segura de que la honorable Asamblea Constituyente no impondrá estrecheces a las fuerzas culturales, que, en su función de mejoramiento humano, son las que preparan mejor a lo largo de la historia, para una mayor eficiencia de producción y rendimiento económicos. Gastar en educación es capitalizar socialmente para el futuro” (Documento anexo al acta 130 de la ANC).
La libertad y la prosperidad de un pueblo se alcanzan y se mantienen por medio de la educación de calidad, esto no es solo un estribillo, es una verdad de perogrullo, como también lo es, que para llevarla a cabo la institución universitaria necesita recursos. En nuestras universidades los recursos se invierten correctamente, lo demostramos con cada uno de los informes que se entregan rigurosamente a la Contraloría General de la República, con cada graduada y graduado, con cada proyecto de investigación que aporta soluciones al país, con cada programa de acción social que mitiga necesidades en las regiones y comunidades; de esta manera, cada colón que la sociedad costarricense invierte en la educación superior se devuelve y con creces.
Según la Sala Constitucional, las universidades públicas no son simples instituciones de enseñanza, tienen una función compleja “… de realizar y profundizar la investigación, cultivar las artes y las letras, analizar y criticar con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello, en el caso de los países subdesarrollados o poco desarrollados, como el nuestro, servir de impulsora de ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense” (Resolución 1313-93).
En la Universidad de Costa Rica tenemos presente las palabras de Rodrigo Facio, quien decía “… la Universidad debe estar abierta a todos los costarricenses, sin otro límite que el de su capacidad y vocación … ningún joven talentoso y esforzado puede quedar fuera del claustro universitario por razón de falta de recursos económicos.” En este contexto cabe preguntarse: ¿por qué les ha resultado tan difícil a los últimos gobiernos y a ciertos grupos de poder entender esto? ¿Será porque sus intereses están del lado opuesto al de la libertad, del bien común, de la justicia social, de la equidad, del desarrollo integral de nuestro pueblo?
Me pregunto entonces, si este gobierno será el que asuma el reto de redirigir los destinos del país y en vez de socavar los recursos a educación y cultura los fortalezca para que más jóvenes puedan acceder a la educación pública de calidad y que esta pueda seguir siendo motor de movilidad social.
Por lo anterior, hago un llamado a que se fortalezca la educación estatal en todas sus etapas y que el acuerdo sobre el financiamiento de la educación superior pública para 2023 sea respetuoso del mandato constitucional.
Dr. Germán Vidaurre Fallas, director