Recomiendan no aprobar proyecto de ley de administraciones públicas
Alejandra Amador Salazar, Periodista
La propuesta de ley pretende mejorar la gestión de los organismos públicos; sin embargo, la UCR considera fundamental hacer algunas modificaciones que mejoren la iniciativa antes de su aprobación. (Foto: Felipe Molina)
Pese a que reconoce que el proyecto titulado Ley orgánica de las administraciones públicas es loable, la Universidad de Costa Rica (UCR) le recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar la propuesta.
La iniciativa está en estudio en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y tiene como propósito aclarar y modernizar los distintos roles, competencias y responsabilidades de los órganos que integran el Poder Ejecutivo, así como la totalidad de las administraciones públicas, en procura de una visión de conjunto, que permita mejorar la capacidad de gestión orientada al logro de la eficiencia, la eficacia y la calidad, para satisfacer los intereses de los costarricenses.
Sin embargo, luego de estudiar el proyecto y realizar una consulta especializada a la Escuela de Administración Pública y a la Facultad de Derecho, el Consejo Universitario de esta casa de estudios considera que existen una serie de aspectos que merecen ser analizados con mayor detenimiento, previo a la aprobación de dicha iniciativa, así como incorporar algunas modificaciones para mejorar su aplicación y aclarar ciertos temas que son confusos.
En este sentido, la UCR recomendó ampliar los fundamentos y la exposición de motivos, al determinar que no están en correspondencia con la profundidad del articulado y el impacto que podría tener la aplicación de esta legislación.
Además, señaló que el propósito del proyecto no es claro, pues el contenido general está orientado a modificar la naturaleza jurídica de los entes públicos, en lugar de regular de manera integral la administración pública, como lo sugiere el título.
Finalmente, recomendó que se valore si la solución que se pretende dar a este tema está en crear más estructuras orgánicas, cambiar el personal, los modelos de gestión o incluso crear una nueva legislación o, si más bien, sería necesario modificar la estructura de valores del capital humano en todos los niveles de la jerarquía de los organismos públicos.