UCR advierte sobre consecuencias de la actividad piñera
Zaida Siles Rojas, Periodista
El Consejo universitario instó al Gobierno y a las municipalidades de los cantones donde se concentra la producción de piña a declarar una moratoria a la expansión de esta actividad. (Foto: http://www.corbis.com)
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhortó a la ciudadanía a reflexionar sobre las consecuencias ambientales, laborales y sociales de la agroindustria piñera, y el riesgo inminente para la salud de las personas que trabajan en el cultivo, y las comunidades donde se encuentran las áreas de producción.
El llamado lo hizo mediante un pronunciamiento en el que destacó que es necesario el análisis de nuevas alternativas de producción que ofrezcan condiciones dignas de empleo y que sean amigables con el medio ambiente.
Este Órgano Colegiado se une así a otras instituciones públicas y no gubernamentales, que también han planteado su preocupación por la expansión desregulada de la producción de piña en el país, especialmente en cantones con un alto índice de pobreza de las regiones Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántica; así como por las implicaciones que esta actividad agroindustrial conlleva, tales como, la contaminación con agroquímicos de mantos acuíferos, la deforestación y el mal manejo en el uso del suelo.
Actualmente, Costa Rica es el principal exportador de piña del mundo y esta actividad está controlada por empresas productoras y comercializadoras extranjeras.
Aplicar legislación
El Consejo Universitario también les solicitó a los gobiernos locales de los cantones donde se concentra la mayor producción de piña, la aplicación de la normativa nacional, así como las recomendaciones técnicas en materia ambiental y de derechos y garantías laborales, además de cualquier otra acción legal tendiente a regular el funcionamiento de las compañías piñeras.
Al mismo tiempo, instó al Gobierno y a las municipalidades de Siquirres, Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación, una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den tres condiciones. La primera, que se cuente con la debida planificación del territorio y que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
La segunda condición propuesta, es que se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
Por último, que se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país.
Por otro lado, este Órgano Colegiado le solicitó al Sistema Bancario Nacional que revise las políticas crediticias relacionadas con esta actividad, de manera que sus acciones de estímulo económico sirvan para promover un modelo de desarrollo nacional que propicie la sostenibilidad ambiental y social.
La posición del Consejo Universitario sobre este tema se estableció a raíz de una propuesta del Dr. Luis Bernardo Villalobos, miembro de este Órgano, quien la sustentó, entre otros aspectos, en una iniciativa del profesor Julián Ruiz, del Programa de Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
Para el Dr. Villalobos, este pronunciamiento implícitamente llama también a la acción concertada de los diversos actores de la sociedad nacional para que se defina, cuanto antes, un proyecto de país donde la actividad económica no sea un fin en sí mismo, sino que sirva para propiciar la equidad social y el bienestar colectivo.