UCR apoya modificación a la Ley de Radio
Arturo Padilla Chinchilla, Periodista
Según la UCR, además de esta reforma, se debe asignar igual prioridad política a otros aspectos de gran relevancia para garantizar un sistema que permita los más altos estándares de libertad de expresión. (Foto: Andrea Jiménez)
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó aprobar el Proyecto de Ley Derogatoria de varios incisos del artículo 17 de la Ley de radio (N.° 1758), siempre y cuando se tomen en cuenta los criterios expresados por esta casa de estudios.
La iniciativa (expediente N.° 19.566) pretende eliminar tres incisos en los que se prohíbe la transmisión de lenguaje vulgar, contrario a las buenas costumbres o injurioso, así como la difusión de noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento.
Aunque consideró urgente y necesaria esta modificación, manifestó su preocupación porque se impulsen derogatorias parciales a esa Ley, debido a que postergan el debate sobre aspectos de igual urgencia y necesidad acerca del actual marco normativo en materia de radiodifusión sonora y televisiva.
La posición del Órgano Colegiado se sustenta en una consulta hecha a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) y a las Radioemisoras UCR.
Según el Consejo Universitario, este proyecto es necesario para fortalecer la libertad de expresión y eliminar cualquier duda que permita interpretaciones y valoraciones sobre los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo, señaló que el proyecto no asigna igual prioridad política a otros aspectos de relevancia para garantizar un sistema que observe los más altos estándares de libertad de expresión.
Además, destacó que se debe prestar atención a la sanción de conductas bajo conceptos jurídicamente indeterminados, como noticias falsas, lenguaje vulgar, pues podrían dar lugar a excesos por parte de los órganos públicos en el ejercicio de sanciones.
Ley de radio está caduca
Según la UCR, el régimen de radio y televisión en Costa Rica, configurado en 1954, tiene una serie de deficiencias, entre ellas: la prórroga automática de las concesiones, la cesión de estas con la sola notificación al Ejecutivo, la falta de límites a la concentración de medios en pocos operadores, impuestos ínfimos calculados con base en la economía de los años 50, y la ausencia de mecanismos para garantizar la pluralidad, la diversidad y la inclusión social en los servicios audiovisuales.