UCR expresa profunda preocupación por eventual tala de 748 árboles en Playa Panamá
María del Mar Izaguirre Cedeño,
La Universidad de Costa Rica manifestó además su solidaridad con activistas y personas comunicadoras locales, quienes enfrentan persecución por denunciar el impacto socioambiental del proyecto. (Foto: Con fines ilustrativos, Archivo OCI)
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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su profunda preocupación ante la amenaza que pesa sobre los ecosistemas y la vida silvestre en Playa Panamá, en el cantón de Carrillo, Guanacaste, tras el otorgamiento de un permiso del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para realizar la tala rasa de 748 árboles de 22 especies distintas y su sotobosque.
El aval para remover la cobertura vegetal forma parte de la primera fase de un proyecto inmobiliario, en una zona bajo la administración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que contempla la construcción de hoteles, residencias, canchas deportivas y otras instalaciones en un área que posee bosque considerado patrimonio natural del Estado.
Ante el conflicto socioambiental y la incertidumbre sobre las características del terreno, el Órgano Colegiado instó a las unidades académicas de la Universidad que sean competentes en biología, ecología, geografía y gestión ambiental a valorar la realización de estudios técnicos que aclaren si el sitio donde se autorizó la tala reúne las características que permitan su clasificación como bosque, conforme a la normativa vigente y a los criterios técnicos aplicables.
Además, el Consejo Universitario añadió que el desarrollo turístico e inmobiliario no debe atentar contra la riqueza natural y solicitó al ICT, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, al Ministerio de Ambiente y Energía y al propio SINAC, el cumplimiento estricto de la Constitución Política de la República de Costa Rica y los convenios internacionales que garantizan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Asimismo, el acuerdo recordó la vigencia de principios jurídicos clave como el in dubio pro natura, el cual establece que, ante cualquier duda o falta de certeza científica, las autoridades operadoras de justicia y de la administración pública deben resolver a favor de la protección del entorno natural.
Solidaridad con liderazgos comunales
El acuerdo también incluyó un mensaje de solidaridad hacia las personas comunicadoras y líderes de las comunidades de la zona, quienes actualmente enfrentan situaciones de persecución por parte de las empresas desarrolladoras debido a sus denuncias ambientales.
Con esta decisión, la UCR ratifica los compromisos de su Estatuto Orgánico y de las Políticas Institucionales 2026-2030, orientados a poner el conocimiento científico al servicio de las regiones, proteger el patrimonio biológico del país y liderar acciones hacia una sociedad sustentable.
Finalmente, el Órgano Colegiado planteó la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo impulsado en la región, al señalar que la Ley Reguladora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, vigente desde 1982, responde a una visión de enclave turístico que resulta insuficiente frente a los estándares de sostenibilidad territorial, conservación ambiental y participación comunitaria.