UCR manifestó compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos
Alejandra Amador Salazar, Periodista
Luego de revisar las iniciativas de ley, leyes y estrategias argumentativas utilizadas para socavar la autonomía de las universidades públicas en los últimos años, el Consejo Universitario emitió un manifiesto en que el reafirma la trascendencia de estas institucionales para el país. (Foto: Archivo ODI)
En el marco de las celebraciones por el octogésimo aniversario de esta casa de estudios superiores, el Consejo Universitario emitió el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica a sus 80 años: compromiso con la democracia costarricense desde sus fundamentos, hechos y desafíos.
Este documento cimienta la relevancia de las universidades públicas y sus aportes al desarrollo nacional desde una perspectiva histórica; así como los compromisos asumidos por la Institución de cara a los desafíos que enfrenta Costa Rica en el mediano plazo.
La propuesta plantea vehementemente que la UCR sigue y deberá seguir siendo el más importante propulsor del desarrollo de nuestra República, pues de su trayectoria y permanencia dependerán el equilibrio de nuestra sociedad y el bienestar social de sus habitantes, por lo que es responsabilidad de toda la ciudadanía, gobernados y gobernantes, protegerla y fortalecerla para continuar su aporte crítico a las transformaciones de la sociedad costarricense.
El Manifiesto apuesta por un proyecto colectivo de sociedad y enfatiza la idea de bien común que cuestione el individualismo exacerbado de los intereses particulares; en correspondencia, la Universidad no puede adaptarse acríticamente a las circunstancias, su razón de ser es generar saberes que permitan una reflexión crítica del contexto en que está inmersa, la autorreflexividad y el ejercicio de diálogos horizontales con todos los sectores sociales en procura de construir una sociedad más justa, democrática, pluralista e inclusiva.
Este documento fue elaborado por una comisión especial conformada por representantes de todas las áreas, de las sedes regionales y del sector estudiantil y tuvo como base la preocupación institucional ante una serie de iniciativas de ley que, mediante líneas de pensamiento ligeras y so pretexto de contribuir al fortalecimiento de la educación superior pública, procuran intervenir directamente en el quehacer académico de las universidades públicas.