Consejo Universitario

La Universidad de Costa Rica se manifestó en contra del proyecto de ley que pretende crear una agencia costarricense de fomento productivo, innovación y valor agregado (Fomproduce).

El Consejo Universitario analizó la iniciativa que tiene en estudio la Comisión de  Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y considera que constituye un retroceso del marco institucional desarrollado en ciencia, tecnología e innovación, al demeritar la evolución y trayectoria de las instituciones del sector, además de convertir al Micitt en juez y parte, debilitando de esta manera los esquemas de control de la gestión de recursos.

También, considera que esta iniciativa afecta los intereses de las universidades públicas, en la medida en que invisibiliza el papel que estas instituciones tienen en la generación de conocimiento científico-tecnológico, base fundamental en los procesos de innovación y emprendimiento. Citó como ejemplo el caso de Proinnova en la UCR, oficina de transferencia de conocimientos con potencial innovador hacia el sector socio-productivo y también un centro de apoyo a la tecnología e innovación a escala nacional.

El Proyecto de Ley N.° 19.822 pretende crear un ente privado denominado Fomproduce, al cual se le trasladarían fondos públicos por un monto inicial de  $34 millones de dólares,  con aportes anuales de los presupuestos de algunas instituciones como son: el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ( MEIC), entre otras.

Para la UCR, dicha agencia vendría a aumentar la proliferación de islas autónomas alejadas de la función estatal. No se articularían las funciones de los ministerios respectivos y esta Agencia, si bien es cierto en su consejo director tiene representación de varios ministerios, al final se podría convertir en un ente completamente desarticulado.

Esta propuesta pone en franca desventaja al sector público frente al sector privado para tomar decisiones sobre estrategia y destino de dineros que son públicos, y que no seguirían los lineamientos de la Ley General de Administración Pública, ni serían fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Destacó que para que este proyecto de ley sea factible, es necesario hacer extensas modificaciones a otras leyes conexas y cambios significativos en la estructura del Estado.