UCR pide corregir roces con la autonomía en proyecto de acceso a la información pública
Alejandra Amador Salazar, Periodista
La UCR reconoce la importancia de la propuesta de ley, pero solicitó al Poder Legislativo que, antes de su aprobación corrija los elementos que atentan contra la autonomía universitaria garantizada en la Constitución Política. (Foto: Andrea Jiménez)
Debido a que el proyecto Ley de transparencia y acceso a la información pública vulnera la autonomía de la Universidad de Costa Rica (UCR) al establecer que las universidades estatales estarían supeditadas a las disposiciones del Instituto Costarricense de Acceso a la Información, el Consejo Universitario recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar esta iniciativa.
Al respecto, el Órgano Colegiado emitió una serie de observaciones que espera sean incorporadas al texto legislativo antes de su aprobación, entre ellas, la necesidad de replantear el contenido de los artículos 25, 26, 28 y 32 del proyecto, pues estos son los que lesionan la autonomía institucional.
La propuesta de ley tiene como objetivo regular el acceso a la información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, así como contribuir a la rendición de cuentas y lograr mayor transparencia en la gestión pública.
En el criterio emitido por el Consejo Universitario, en sesión N.° 5897, la UCR solicitó corregir las inconsistencias detectadas en la iniciativa, tales como establecer claramente cómo será la declaración del secreto de Estado y el límite de tiempo en que estará vigente, así como disponer de un procedimiento por seguir cuando se requiera el acceso a información pública que contenga datos personales.
Además, pidió que el proyecto establezca reglas y principios en cuanto al mínimo de información que debe estar disponible para los ciudadanos, los recursos requeridos y la forma por medio de la cual se hará entrega de los datos.
Para la Universidad, la norma en discusión debe indicar con claridad cuál será el órgano encargado de establecer el procedimiento de imputación, averiguación y sanción, en caso de que se determine la existencia de la infracción, para lo cual recomendó que el proyecto fortalezca las funciones del Instituto Costarricense de Acceso a la Información Pública.