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2017

UCR recomendó no aprobar proyectos de ley

Zaida Siles Rojas, Periodista
En lo que va del año 2017 el Consejo Universitario ha emitido criterio sobre 48 proyectos de ley. (Foto: www.crhoy.com)

En lo que va del año 2017 el Consejo Universitario ha emitido criterio sobre 48 proyectos de ley. (Foto: www.crhoy.com)

En el mes de noviembre, la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra de once proyectos de ley que tienen en estudio varias comisiones de la Asamblea Legislativa.

Las iniciativas fueron conocidas y analizadas por el Consejo Universitario, órgano al que le compete emitir el criterio institucional, de conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política.

El proyecto de Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica es uno de los que la UCR recomendó no aprobar, pues podría generar roces con competencias de esta casa de estudios, al atribuírsele a ese colegio la potestad de “reconocer” los títulos como requisito para la incorporación.

Así mismo, la iniciativa que busca declarar de interés público el desarrollo turístico de las zonas y comunidades que bordean el Parque Internacional La Amistad, tampoco recibió el aval de la Institución entre otras razones, porque afectaría el 28% de las reservas indígenas vecinas y porque no se logran identificar en ese proyecto beneficios directos para quienes habitan cerca de la zona.

Otros dos proyectos que no recibieron un criterio a favor son los relacionados con el Colegio Universitario de Cartago (CUC). Uno pretende integrar ese colegio a la Universidad Técnica Nacional y el otro es sobre la Ley Orgánica. Según la UCR, el primero no cuenta con estudios técnicos que permitan determinar la necesidad de cambiar el perfil parauniversitario por uno universitario, mientras que el segundo está viciado de inconstitucionalidad, al pretender otorgarle al CUC, por medio de una ley, atributos que el artículo 84 de la Constitución Política asigna únicamente a las universidades estatales.

En cuanto a la Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, esta casa de estudios señaló que existen una gran cantidad de normas, tratados e instrumentos jurídicos que persiguen el mismo objetivo de ese proyecto, por lo que no se recomienda su aprobación. En ese sentido, considera que lo más apropiado es que se genere una política nacional en esta materia.

Con respecto al proyecto que pretende que todos los presupuestos de los órganos desconcentrados del Gobierno de la República sean incorporados dentro del presupuesto de cada ministerio al que pertenecen, la Universidad hizo varias observaciones, entre ellas que no se establece en la propuesta la forma en que eso llevaría a cabo.

También el Consejo Universitario analizó la Ley para erradicar la irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la Administración Pública mediante adición de un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley 8131, y manifestó que la conducta que procura sancionarse con esa adición ya está regulada.

Sobre el proyecto que pretende impulsar el uso del transporte no contaminante y gravar el costo de la adquisición y el uso de medios de transporte basados en combustibles fósiles, la UCR manifestó que aunque la iniciativa es loable, los fundamentos para realizar la transición, tales como la contaminación producida por las emisiones de combustibles fósiles, el impacto en la salud y los costos adicionales en las actividades económicas, son insuficientes para la toma de decisiones y proceder al cambio.

En relación con el proyecto de Ley para garantizar el reconocimiento de títulos emitidos por instituciones y organismos inscritos en el extranjero, el Consejo Universitario consideró que el contenido de la iniciativa no deja claro si solo incluye hasta la educación diversificada, o también contempla la educación superior. Además, agregó que el proyecto deja demasiados portillos abiertos para el reconocimiento de diplomas sin un debido proceso de estudio y equiparación.

Por otra parte, recomendó no aprobar la reforma integral el Código Notarial ni el proyecto de ley que pretende modificar los artículos 8 y 10 de la Ley de Timbre de Educación y Cultura y el artículo 8 de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Educación Musical, por considerar que calcula las contribuciones de las sociedades de manera desproporcionada.

Adicional a estas propuestas de ley, el Consejo Universitario se pronunció a favor de siete proyectos más.






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