Consejo Universitario

El acuerdo del Consejo Universitario fue comunicado oficialmente a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa y a las jefaturas de las fracciones legislativas. En esa comunicación, la UCR reiteró su disposición de contribuir al análisis del proyecto mediante el criterio técnico y académico de su personal experto. (Foto: Unidad de Comunicación, CU)

Tras un riguroso análisis técnico y académico, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar el texto actualizado del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente n.° 23.414).

El Órgano Colegiado concluyó que la iniciativa debilita el modelo social de derecho y la institucionalidad pública al promover un esquema orientado por la lógica del mercado, con posibles efectos sobre la solidaridad, la sostenibilidad y la planificación del servicio eléctrico nacional.

Esta posición institucional se fundamenta en los criterios especializados de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y de la Facultad de Ciencias Sociales, la cual integró los aportes de las Escuelas de Antropología, Ciencias Políticas y Trabajo Social.

Si bien, la Oficina Jurídica de esta Casa de estudios superiores determinó que el proyecto no afecta la autonomía universitaria, el Órgano Colegiado consideró necesario pronunciarse sobre el fondo de la propuesta debido a las implicaciones que tendría para el desarrollo nacional y el modelo eléctrico costarricense.

Cambios estructurales

Según los análisis académicos, el proyecto reconfigura la estructura del sector eléctrico costarricense, desplaza el modelo histórico de integración estatal y solidaria hacia un esquema basado en la competencia y participación de mercado, lo que implicaría una fragmentación del monopolio y una desnaturalización de la electricidad como servicio público.

Para la UCR, la creación de un Mercado Eléctrico Nacional de carácter mayorista impulsaría un sistema de subastas en el que la planificación centralizada del Estado sería sustituida por la lógica del mercado, lo que implica riesgos económicos al sector público mientras genera condiciones más favorables para la rentabilidad privada.

Las personas expertas señalan que la apertura del mercado eléctrico conlleva riesgos significativos, entre ellos la eventual privatización de los beneficios y la socialización de los costos.

Riesgos para la gobernanza

Otro de los aspectos señalados en el criterio de la Universidad es la propuesta para asignar al Ministerio de Ambiente y Energía el control del Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con el análisis, esta estructura concentraría decisiones técnicas de largo plazo en una instancia sujeta a dinámicas políticas de corto plazo, lo que podría generar una vulnerabilidad institucional.

Como alternativa, las unidades académicas recomiendan fortalecer un ente independiente, neutral y de carácter técnico, con representación de los sectores público, privado, académico y energético.

De igual forma, el Órgano Colegiado expresa preocupación por la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, ya que asumiría funciones estratégicas que actualmente ejerce el Instituto Costarricense de Electricidad. Según el criterio técnico, este cambio podría generar incertidumbre regulatoria y eventuales conflictos de interés debido a la participación de agentes del mercado.

La UCR reconoce la necesidad de modernizar el sector eléctrico, pero al mismo tiempo señala que se debe fortalecer la regulación, preservar la planificación de largo plazo y reducir la injerencia política, sin comprometer los principios que han caracterizado el modelo nacional.