Universidad de Costa Rica reitera compromiso con la lucha por erradicar la trata de personas
Alejandra Amador Salazar, PeriodistaEn apego a su visión humanista, así como a sus principios y propósitos, la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su compromiso en la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas, y rechazó toda manifestación que violente los derechos humanos o que atente contra los derechos fundamentales de las víctimas y la sociedad en general.
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario recientemente, esta casa de estudios superiores reconoció que el tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral se ha convertido en una nueva forma de esclavitud dentro del crimen organizado, que asume características especiales y reduce al ser humano a la categoría de mercancía que puede ser negociada como si fuera un objeto.
Por este motivo, exhortó al Gobierno de Costa Rica a sensibilizar a la población sobre este tipo de delito para que esté atenta y denuncie cualquier actividad que perciba como sospechosa ante las autoridades competentes.
Para la UCR, la trata de personas es un delito que victimiza principalmente a mujeres y niñas, con la explotación sexual y la explotación laboral, y aunque también afecta a víctimas masculinas se ha reconocido en su dimensión, magnitud e impacto una direccionalidad de género.
Además destacó que la pandemia ha venido a agravar dicha situación a escala nacional e internacional, ya que el COVID-19 tiene un impacto en la capacidad que poseen las autoridades y organizaciones de brindar los servicios esenciales que requieren las víctimas, lo cual empeora y pone en evidencia las desigualdades económicas y sociales.
En este sentido, la Universidad instó a las autoridades encargadas de la investigación en los casos de trata de personas a garantizar que estos no queden impunes, así como a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción que tiene el país en la lucha contra este tipo de delito.
Al mismo tiempo, le solicitó a los colegios profesionales del área de salud y al Colegio de Abogados y Abogadas que realicen campañas para la concientización, sensibilización y capacitación sobre esta temática de las personas agremiadas y así asegurar una atención apropiada a las víctimas.